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- Funcionarios de seguridad del Estado la detuvieron durante un allanamiento a su vivienda el martes 6 de agosto
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de María Oropeza, jefa de campaña del Comando Con Venezuela en el estado Portuguesa.
El 6 de agosto, funcionarios de seguridad del Estado detuvieron a la líder política durante un allanamiento a su vivienda en Guanare y desde ese momento su madre y abogados privados señalaron que se encuentra en situación de “desaparición forzada”.
A través de sus redes sociales, la dirigente opositora transmitió en vivo el procedimiento en el que los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) usaron herramientas para vulnerar la reja de la vivienda.
La CIDH emitió la Resolución 46/2024 el 10 de agosto, en la que estableció que Oropeza se encuentra en una “situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable” a sus derechos en Venezuela.
Horas antes de su detención, Oropeza había publicado un video en el que denunciaba la represión y persecución por parte de las autoridades venezolanas contra la ciudadanía que rechazó los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de las elecciones del 28 de julio, que dieron por ganador a Nicolás Maduro.
Medidas de la CIDH para María Oropeza
De acuerdo con la solicitud ante la CIDH, la madre de la líder política no ha obtenido información oficial sobre el centro de reclusión o el estado de salud en el que se encuentra su hija.
Ante estas alegaciones interpuestas por los representantes de la jefa de campaña opositora, la CIDH tomó en cuenta que Oropeza fue privada de libertad por agentes estatales sin dar a conocer su paradero hasta la fecha.
“En los términos del Artículo 25 del Reglamento, se solicita al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de María Camacho. En particular, informar si se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias en que se encuentra”, estableció la CIDH en el comunicado.
El ente judicial internacional agregó que las medidas tienen como objetivo determinar el paradero de Oropeza, así como exigir información a las autoridades sobre las acciones adoptadas en su contra.
“El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables”, señaló la CIDH.
Detenidos en las protestas poselectorales
La ONG Foro Penal reportó el 10 de agosto que se han documentado 1.303 detenidos, de los cuales 116 son adolescentes, en el contexto de las protestas poselectorales desde el 29 de julio.
La organización publicó la actualización de los números en su cuenta de X alertando que, de esta cifra, se han verificado al menos 14 aprehensiones de indígenas, 16 personas con discapacidad y 170 mujeres.
Amnistía Internacional emitió un comunicado el 9 de agosto para pedir al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan el apoyo público a los dirigentes opositores, activistas y miembros de ONG en Venezuela, así como la condena a los ataques de los que son víctimas.
“En Venezuela, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y grupos de víctimas y otras personas defensoras de Derechos Humanos han sido objeto de ataques continuos por parte del gobierno. Esto ha incluido la detención arbitraria de varias personas, la anulación de pasaportes y la realización de campañas de estigmatización por parte de autoridades de alto rango”, agregó la carta pública de Amnistía Internacional.
Por estos motivos, la organización le recordó al fiscal Khan que la CPI está obligada a tomar acciones y brindar protección a las víctimas de los crímenes de derecho internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma.
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