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  • De acuerdo con el informe de la ONG, la mayoría fue cometido por funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas de seguridad | Foto principal: Unsplash

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) informó este viernes 7 de junio que en 2023 registraron 614 casos de persecución y criminalización en Venezuela, lo que a su juicio obedece a una “política del Estado venezolano para mantenerse en el poder”.

De acuerdo con el informe publicado por la organización no gubernamental (ONG) en su sitio web, el mes con mayor número de casos documentados durante el año pasado fue enero, con un total de 187, seguido de julio con 63 casos y junio con 61.

“La población (general) fue la categoría de sujetos víctima de mayor cantidad de actos de persecución, con 190 casos. Los trabajadores y medios de comunicación fueron la segunda categoría de sujetos más perseguidos con 184 casos, mientras que 134 personas vinculadas con la política enfrentaron la aplicación de este tipo de patrones”, detalló Cepaz.

La ONG denunció que en 2023 hubo 252 casos de hostigamiento y amenazas; 74 despidos injustificados; 72 irregularidades en procedimientos judiciales; 59 detenciones arbitrarias; 59 impedimentos de registrar un hecho noticioso.

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Asimismo, documentó 22 medidas cautelares; 20 cierres de programas de radio; 19 órdenes de aprehensión; 13 cierres de emisoras de radio; 9 allanamientos irregulares; 8 bloqueos de páginas web; 3 intervenciones de organizaciones; una inhabilitación política; una anulación de pasaporte; una suspensión de elecciones universitarias; y el cierre de un local.

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Foto: Archivo

Cepaz dijo que la mayoría de los actos de persecución y criminalización en el país fueron llevados a cabo por funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela.

“Los funcionarios del Estado engrosaron la lista de perpetradores, con 255 funcionarios involucrados en actos de persecución. Seguido por las fuerzas de seguridad del Estado, con 151 casos y el Poder Judicial, con 74 casos”, sostuvo.

Obstáculos a la participación ciudadana

Cepaz hizo mención a las elecciones primarias realizadas por la oposición el 22 de octubre de 2023 que, a juicio de la ONG, estuvieron marcadas por medidas del Estado venezolano que buscaban “afectar” ese proceso de consulta. “Este evento democrático fue afectado por la censura, amenazas, violencia y abuso de poder por parte del Estado”, aseguró la ONG.

De acuerdo con Cepaz, el gobierno venezolano llevó a cabo un bloqueo de la página web de la Comisión Nacional de Primarias lo que, según afirmaron, afectó la publicación de los resultados de ese proceso. La ONG también se refirió a las detenciones de miembros de esa comisión.

“Este proceso se vio obstaculizado por una serie de medidas diseñadas para favorecer al partido gobernante y limitar la participación de la oposición y de aquellos ciudadanos que no están alineados con el partido oficialista. Entre ellas la emisión de órdenes de aprehensión contra opositores, el impedimento a trabajadores de (la) comunicación (social) y a la sociedad activa y comprometida con la veeduría electoral de registrar los acontecimientos”, aseveró.

Cepaz denunció que en Venezuela hubo 614 casos de persecución y criminalización en 2023
Foto: EFE

Censura y represión a la prensa

La organización Cepaz recordó que el año pasado registraron el cierre de 13 de emisoras radiales y la salida del aire de 20 programas de radio, así como el bloqueo de páginas web, lo que para ellos constituyen acciones para “restringir el acceso a la información independiente y crítica”.

“El hostigamiento contra los trabajadores de la prensa se intensificó, con casos documentados de intimidaciones, detenciones arbitrarias y agresiones físicas. Los periodistas que se atrevían a informar sobre temas sensibles o críticos para el gobierno enfrentaron represalias directas, en un intento evidente de silenciar las voces disidentes y controlar la narrativa mediática”, enfatizó.

Cepaz hizo mención acerca del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que ya fue aprobada en un primer debate en la Asamblea Nacional el 23 de enero de 2023.

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Foto: Archivo

“Este proyecto de ley tiene como objetivo establecer un sistema uniforme para la creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo de las ONG y afines. Sin embargo, detrás de estas disposiciones se esconde un claro intento de controlar el manejo económico y el financiamiento de dichas organizaciones, lo que representa una seria amenaza a su autonomía e independencia”, manifestó.

La organización dijo que al menos 104 ONG enfrentaron “actos de criminalización”, que incluyeron “detenciones arbitrarias, hostigamientos y amenazas directas contra los trabajadores y líderes de estas organizaciones”.

“Se registraron numerosas irregularidades en los procedimientos judiciales relacionados con las ONG, lo que pone en duda la imparcialidad y la justicia del sistema legal en Venezuela”, concluyó.

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