• El Centro para los Defensores y la Justicia advirtió que el Estado emplea distintas medidas para criminalizar y neutralizar a sus víctimas | Foto: EFE

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró un total de 60 incidentes y ataques contra defensores y organizaciones de derechos humanos  en agosto de 2023 en Venezuela, según el informe Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos publicado el miércoles 27 de septiembre.

La organización no gubernamental (ONG) explicó que la situación en Venezuela se agudiza para quienes enfrentan la crisis que abarca aspectos sociales, políticos y de derechos humanos en el país. 

“El Estado profundiza la Política de Criminalización en contra de la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, en el marco del contexto electoral”, señaló la investigación.

Hostigamiento y persecuciones 

La ONG advirtió que las autoridades han implementado medidas que buscan restringir el espacio cívico y democrático en Venezuela, lo que crea un “ambiente hostil” para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión, reunión y defensa de derechos.

El derecho a defender, promover y exigir los derechos permanece bajo ataque, el Estado intensifica las acciones represivas y de control social que afectan la operatividad y seguridad de las personas y organizaciones de derechos humanos”, mencionó el escrito.

El CDJ expresó que hubo un incremento de los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas dirigidos a quienes documentan, denuncian y luchan contra las violaciones de derechos humanos en el país.

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Foto: Provea

El estudio de los ataques y abusos a los derechos humanos fue dividida por la ONG en:

-31 casos de estigmatización

-17 por intimidación y hostigamiento

-6 judicialización contra líderes y miembros de ONG

-4 casos de amenazas

-2 víctimas de ataques a través de plataformas digitales

Impunidad

El CDJ alertó sobre un aumento de actos de intimidación y hostigamiento durante el mes de agosto, debido a que, explica, el Estado implementó diversas medidas para controlar, criminalizar y neutralizar la defensa de los derechos humanos.

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“Incrementaron las formas de vigilancia y seguimiento por parte de actores estatales y no estatales a personas defensoras y organizaciones de derechos humanos”, declaró la ONG.

Al mismo tiempo, señalaron que continúan las restricciones al espacio cívico y democrático, y se utiliza la legislación relacionada con el control del terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir y criminalizar. 

La política de criminalización, la impunidad generalizada y la persistente emergencia humanitaria compleja hacen que el entorno en Venezuela sea adverso y hostil para la sociedad civil, advirtieron los investigadores.

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Los ataques contra la defensa, promoción y exigencia de los derechos humanos persisten a medida que los defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil siguen abogando, denunciando y documentando las violaciones en el país. 

La CDJ se refirió al uso de la retórica del “enemigo interno” a través de patrones de ataques diseñados para neutralizar la labor de quienes defienden los derechos en Venezuela.

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Aumento de la vigilancia para intimidar 

Las tácticas de vigilancia y seguimiento por parte de actores estatales y no estatales contra defensores de derechos humanos y organizaciones se incrementaron, reza el informe. 

Estos ataques no solo afectan directamente a las víctimas, sino que también “tienen un efecto disuasorio y paralizante en otras organizaciones y en la sociedad civil en general, generando un temor que dificulta la continuidad de sus actividades”, finalizó la ONG.

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El 20 de septiembre se presentó un nuevo informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en una rueda de prensa durante el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante su investigación, la organización registró 43 nuevos casos de violaciones de derechos humanos que han afectado a 72 víctimas directas (47 hombres y 25 mujeres, incluyendo a una persona transgénero).

“Nuestra conclusión es que hasta el día de hoy se están cometiendo graves violaciones de derechos humanos, y estas violaciones no son actos aislados, sino que son parte de una política estatal para reprimir a la disidencia”, señaló el informe de la Misión ONU.

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